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BOLIVIA: Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra
Panel: “Construyendo el tribunal de justicia climática”
Adolfo Pérez Esquivel
20 de abril de 2010
Poder reunirnos en Cochabamba abre la posibilidad de intercambiar experiencias y aportar a caminos alternativos, propuestas políticas, tecnológicas y sociales sobre el cambio climático. Diversas organizaciones vienen realizando investigaciones y aportes desde la gran diversidad del pensamiento, frente a la urgente necesidad de preservar a nuestra Pachamama, la Madre Tierra y la vida planetaria hoy amenazada por la devastación por los intereses económicos y políticos.
Hoy nos enfrentamos con una serie de graves crisis mundiales: no sólo la crisis financiera y la crisis económica de las que todos hablan, sino también las crisis política, social, alimentaria, climática y ecológica. En este contexto, a pesar de que los países del Norte sean mayoritariamente responsables de esta situación, el mayor costo de esas crisis lo soportan los pueblos y los países del Sur.
Pero tampoco es posible ignorar que muchas de las dificultades se evitarían si los gobiernos del Sur tuvieran el coraje y objetivos políticos claros sobre los conceptos de desarrollo y vida de los pueblos; si se decidiesen a tener políticas propias y no dependientes de los centros de poder económico y político internacional.
Hay que tener en claro que no es casual que esas crisis estallen al mismo tiempo, están interrelacionadas, y todas son parte de una profunda crisis de la civilización, cuya salida depende de cambios estructurales.
¿Desarrollo como explotación o equilibrio con la Madre Tierra?
No podemos quedarnos en soluciones parciales, sectoriales que no son nada más que parches temporarios que esconden las verdaderas causas estructurales de la crisis mundial. Si hablamos de crisis civilizatoria, es porque los conceptos centrales sobre los que venían apoyándose nuestras sociedades ya no son sostenibles, y ponen en riesgo a la vida de las futuras generaciones. Así, las nociones de progreso y desarrollo deben ser cuestionadas: ¿que entendemos por desarrollo?
El sistema capitalista busca los bienes gananciales, la economía del mercado y la explotación de la Madre Tierra y de sus recursos naturales, sin tener en cuenta los daños ocasionados a la naturaleza y los pueblos, como el cambio climático.
Muchos reducen el desarrollo a su dimensión económica, y lo toman como sinónimo de un crecimiento ilimitado de la producción y del consumo. Este paradigma de la acumulación sin límite está en el centro del modelo capitalista y neoliberal, y transforma al concepto de desarrollo en una mera explotación.
La explotación a la que nos referimos se encuentra en varios ámbitos. Se trata de la explotación de los países del Sur por los países del Norte dentro de un orden económico mundial totalmente injusto. Pero se refiere también a la explotación de los trabajadores por las grandes empresas y a las continúas violaciones de los derechos sociales, económicos y políticos de las poblaciones más vulnerables, tanto en los países del Sur como en el Norte. Por fin, esta explotación es la de nuestros bienes comunes naturales, muchas veces llamados recursos naturales porque se conciben como simples recursos al servicio del hombre en su afán de producir. Por lo tanto, esta noción de recursos naturales encierra en si misma una concepción errónea de la naturaleza y de la Madre Tierra, como si existieran únicamente para ser explotadas por los hombres para alcanzar un supuesto bienestar material. La sociedad del consumo nos lleva a extraer cada vez más bienes naturales sin reflexionar para qué los necesitamos realmente y en qué cantidad, y sin poner ningún límite a las apetencias de los consumidores.
A esta noción deformada del desarrollo como explotación, tenemos que oponer el concepto de equilibrio. Las crisis actuales se pueden concebir como la expresión de la ruptura del equilibrio.
Se tiene que buscar el equilibrio con uno mismo, con la comunidad y con la Madre Tierra. La naturaleza no es un recurso del que puede gozar el hombre, somos parte del ambiente en el que vivimos. Respecto a eso, nos debemos inspirar de la cosmovisión de los pueblos originarios, que tienen interiorizada esta relación con la Madre Tierra.
No sólo existen los derechos humanos que nos debemos de respetar y proteger, sino también existen los derechos de la naturaleza. Esos fueron reconocidos por ejemplo en la constitución ecuatoriana aprobada en 2008: “La Naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y se realiza la vida, tiene derecho a existir, perdurar, mantener y regenerar sus ciclos vitales, su estructura, funciones y procesos evolutivos». Del mismo modo, tenemos que apoyar la iniciativa del Presidente de Bolivia Evo Morales Ayma, de crear una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, y de buscar alcanzar el “Buen Vivir”, o sea el vivir en armonía con la Pachamama, poniendo en el centro del modelo a la vida.
La aceleración del tiempo
La tecnología ha llevado a la aceleración del tiempo, problema que generalmente no se tiene en cuenta, que lleva a cambios culturales, del pensamiento; cambios sociales y políticos, en el ritmo de la vida.
Panikkar señala que todo ser tiene su tiempo, como toda sociedad. Se produce la asimetría y desigualdad entre los ritmos. La técnica ha separado al ser humano lentamente de las plantas, los animales, el cosmos, por la aceleración del tiempo. Ya no es la maquina que se adapta al hombre, sino éste el que debe adaptarse al ritmo de la maquina.
La tecnología impone su ritmo y está sujeta a avances profundizando las diferencias de ritmos que se van agudizando entre los países del Norte y el Sur, entre la naturaleza y el ser humano, entre explotación y desarrollo.
El protocolo de Kyoto y las falsas soluciones
Una de las consecuencias de este culto a la producción y al consumo es el cambio climático. Cabe destacar que los países del Norte tienen al respecto una responsabilidad histórica particular: mientras representan menos de 20% de la población mundial, son responsables de 70% de las emisiones históricas de dióxido de carbono. Todavía hoy sus emisiones per capita son cuatro veces mayores a las de los países del Sur. Por eso podemos considerar que los países del Norte vienen teniendo una deuda climática hacia los pueblos y países del Sur.
El Norte no está dispuesto a generar la igualdad con el Sur, se puso en evidencia en Copenhague, en Río y en Kyoto, su objetivo es explotar todos los recursos para mantener el nivel de vida y consumo de sus sociedades que están en crisis y que están dispuestos a sostener sin medir las consecuencias para la vida planetaria.
Por una parte, ninguno de esos países respeta los objetivos fijados por el protocolo de Kyoto en términos de reducción de emisiones de gases a efecto invernadero. El ejemplo extremo es el de los EEUU que pretenden seguir ejerciendo una presión sostenida sobre las negociaciones climáticas intergubernamentales, mientras que ni siquiera ratificaron los acuerdos que habían firmado, del mismo modo que nunca ratifican ningún tratado internacional, pensando que pueden mantenerse fuera del derecho internacional.
Por otra parte, los países del Norte promueven falsas soluciones como el Mecanismo de Desarrollo Limpio y los mercados de carbono, que son parte del protocolo de Kyoto. Este mecanismo estableció en realidad un derecho a contaminar. Siguen con los mismos niveles de producción y contaminación en el Norte, supuestamente compensándolos a través de la financiación de proyectos en el Sur que teóricamente reducen las emisiones de carbono. No sólo este mecanismo no obliga los países del Norte a repensar su modelo de desarrollo económico para tener un impacto menor sobre el Planeta y la atmósfera, sino que los proyectos financiados originan nuevos problemas sociales y desastres ambientales en los países del Sur. Por ejemplo, se multiplicaron las plantaciones de eucalipto como en Uruguay o en Argentina, así como la producción de agrocombustibles. Mientras las plantaciones de árboles conducen a una contaminación del agua y del aire y a una gran pérdida de la biodiversidad, los agrocombustibles vienen competir por la tierra con los otros cultivos, conduciendo a un fuerte aumento de los precios de los alimentos, y a una violación de la soberanía alimentaria. Son responsables de la expulsión de pequeños productores y de comunidades indígenas que pierden sus medios de subsistencia y son condenados a tener más hambre, y a ir engordando los cordones de pobreza de las grandes ciudades. Dañan la biodiversidad alterando el equilibrio natural y profundizando el hambre y la exclusión social.
Peor todavía, las empresas multinacionales del Norte siguen agravando la situación instalando sus industrias contaminantes en el Sur, como es el caso de las industrias extractivas, por ejemplo la megaminería. No sólo estas industrias aumentan la deuda ecológica hacia los pueblos del Sur, sino también agravan el cambio climático por su uso indiscriminado del agua y de la energía, su destrucción de los glaciares, entre otros tantos impactos negativos. No obstante, cabe destacar que la instalación y el desarrollo de esos mega-emprendimientos no serían posibles sin el acuerdo y la complicidad de los gobiernos del Sur. Muchos países del Sur creen que la gran minería a cielo abierto solucionará sus problemas de desarrollo, pero lo único que consiguen es generar la destrucción de la Madre Tierra y de los bienes naturales.
Lo mismo ocurre con el desarrollo de las semillas transgénicas y la sojización que está ocurriendo en parte de nuestro continente latinoamericano. Esos agronegocios atentan también contra la soberanía alimentaria, destruyendo los suelos, expulsando las comunidades campesinas y originarias de sus tierras, y afectando gravemente la salud de los pueblos con el uso excesivo y sin precauciones de agrotóxicos como el glifosato.
Deuda climática, deuda ecológica y derechos de la Madre Tierra
Como ya destacamos, la solución a las crisis actuales depende de la visión global que tengamos de los problemas. Necesitamos apuntar a una política de fondo, a cambios estructurales, y no buscar la solución dentro del modelo capitalista que está actualmente en crisis. Debemos abandonar el fraccionamiento cartesiano del pensamiento para buscar un pensamiento holístico que aborde la problemática en su totalidad. Este pensamiento lo debemos aplicar a escala planetaria con un cambio radical de los paradigmas económicos, políticos y sociales, pero también a nivel personal. Cada uno de nosotros debe participar de este desafío del cambio del pensamiento, con la modificación de sus hábitos de producción y de consumo, y con la aceptación del cuestionamiento de las bases de su sociedad.
Dentro de este marco, no podemos hablar de deuda climática sin hablar de deuda ecológica. Circunscribir el problema a la cuestión del cambio climático y de la deuda climática nos va a llevar a buscar soluciones que sean siempre parciales y temporarias. El cambio climático es para muchos un problema muy abstracto, e incluso hay reiterados intentos para negar la existencia de sus causas antrópicas. Por otro lado, se aprovecha de la amplitud del problema a nivel histórico y geográfico, para diluir las responsabilidades, y se vuelve casi imposible para las víctimas demostrar quien es responsable y obtener entonces reparaciones y compensaciones.
Por lo tanto, tenemos que tomar como base el concepto más amplio de deuda ecológica. Esta deuda hacia los pueblos del Sur se viene acumulando desde hace cientos de años, y en la actualidad, como ya dijimos, sigue la explotación de los bienes naturales por las corporaciones y los países del Norte, con el apoyo de las instituciones financieras internacionales. También debemos cuestionar nuestros propios gobiernos en el Sur que a veces reproducen esos mismos modelos, continuando con los proyectos extractivos que dañan al ambiente y afectan a sus propias poblaciones. Con esta actitud, los países del Sur también contribuyen a aumentar la deuda ecológica hacia sus pueblos y hacia la naturaleza. El primer paso hacia el pago de esta deuda es el inmediato cese de las inversiones en este tipo de proyectos nefastos.
Por consecuencia, no podemos hablar del reconocimiento y la defensa de los derechos de la Madre Tierra sin considerar la deuda ecológica. La justicia climática que reclaman muchos pueblos, víctimas del cambio climático, es parte de la noción más amplia de justicia ecológica, que incluye los aspectos sociales y ambientales. Será imposible responder correctamente a los problemas del cambio climático sin tomar en cuenta los impactos sobre los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.
No podemos simplemente diagnosticar la situación que viven los pueblos. Es necesario superar esa situación, concretar con las comunidades indígenas el derecho a decidir y regular la explotación sin dañar a la Madre Tierra, hay que ser coherentes entre el decir y el hacer. Tener presente que desarrollo es encontrar el equilibrio entre las necesidades del ser humano, de los pueblos con la Madre Tierra.
Si estamos reunidos acá para hablar del cambio climático y de los derechos de la Madre Tierra, no podemos perder la oportunidad de hacer el vínculo entre ambos aspectos a través de la búsqueda de una verdadera justicia ecológica.
Hacia un Tribunal Penal Internacional de Justicia Ecológica
Uno de los pasos hacia esta justicia ecológica es la constitución de una Corte Penal Internacional para el Medio Ambiente, como lo propone la Academia Internacional de Ciencias Ambientales con sede en Venecia (IAES), compuesta por más de 120 científicos. Para alcanzar este objetivo necesitaremos recorrer un largo camino y no lo lograremos de un día para el otro. Hay que tener conciencia que esta corte o este Tribunal de Justicia Ecológica es un instrumento para el cambio, pero para llegar hasta su constitución tenemos que fijarnos objetivos a corto, mediano y largo plazo.
El énfasis debe ser puesto en el derecho de los pueblos (declaración de Argel en 1976). No sólo porque los pueblos son los principales afectados por el cambio climático y los desastres ambientales, sino también porque tenemos que destacar y volver a reafirmar el derecho a su autodeterminación y a decidir sobre el destino y la conservación de sus bienes naturales. Los pueblos deberán poder recurrir directamente a este tribunal sin la necesidad de pasar por sus gobiernos, y en el banco de los acusados se podrán encontrar tanto a empresas como a estados o individuos.
Para ir a lo concreto, un objetivo de corto plazo puede ser la constitución de un Tribunal de los Pueblos de Deuda Ecológica y Justicia Climática, a fin de profundizar la comprensión de las causas estructurales de esos problemas y la determinación de las responsabilidades.
A largo plazo podemos apuntar a la reforma del Estatuto de Roma, reconociendo a los delitos ambientales como crímenes de lesa humanidad, y ampliando entonces las atribuciones de la Corte Penal Internacional. Por otro lado, podemos establecer otros objetivos de corto y mediano plazo. Ya están dadas las condiciones para la constitución de una corte penal internacional, todo depende de la voluntad política de los gobiernos. Esta voluntad se manifiesta con hechos concretos y no con simples declaraciones de buenas intenciones como se hizo en Copenhague. Concretamente, les proponemos redactar un tratado internacional que se implemente con la firma de nada más que dos países. Hoy estamos en Bolivia y podemos pedir la adhesión y el compromiso de un gobierno que ya mostró su inclinación a apoyar las iniciativas que defiendan los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra. Mañana trabajaremos a que sumen otros países de la región como Ecuador, Venezuela, Argentina, y otros países del mundo.
No busquemos más excusas, ya existe una red latinoamericana de fiscales ambientales que se puede poner a trabajar para acusar a los responsables de los desastres climáticos y ecológicos. Tampoco necesitamos inventar un nuevo marco legal, usemos las leyes de nuestros países así como los tratados internacionales ya firmados, que son ampliamente suficientes, ya que el principal problema hoy es la total impunidad de la que benefician las empresas multinacionales para apoderarse de nuestros bienes naturales.
Conclusiones
Para resumir, necesitamos en primer lugar ver los problemas en su globalidad, unir la lucha contra el cambio climático a la defensa de los derechos de la Madre Tierra, a través de la promoción de una verdadera justicia ecológica, que tome en consideración los impactos negativos sobre los pueblos y sobre la Madre Tierra.
En segundo lugar, denunciemos a los responsables de las crisis actuales: los países del Norte deben reconocer su responsabilidad histórica y su participación continúa en la agravación de las crisis climáticas y ambientales. Pero por otro lado, no olvidemos de exigir a nuestros propios gobiernos en el Sur que no contribuyan a las violaciones de los derechos de los pueblos y de la naturaleza, y que se comprometan a participar a una transformación radical de nuestras sociedades.
En tercer lugar, pidamos a nuestros gobiernos que hagan muestra de su voluntad política para dar pasos concretos y alcanzar una serie de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Hoy podemos dar el primer paso para constituir un tribunal penal internacional para el medio ambiente, ya están dadas las condiciones.
Es sólo un comienzo, pero un comienzo concreto, necesario y a nuestro alcance.
Esperamos que ante el fracaso de las instancias internacionales, como en Copenhague, se pueda avanzar para superar la impunidad jurídica que hoy gozan aquellos que provocan el cambio climático.
ARGENTINA: Malvinas: ¿soberanía o negocios?
A la cabeza de las negociaciones por el “desendeudamiento K” con los bonistas que no entraron en el canje, está el banco inglés Barclays. Ahora ha venido a saberse que Barclays Investments fue comprado por el grupo financiero Black Rock. Este grupo es accionista de British Petroleum, y de las empresas petroleras que operan en aguas de Malvinas la plataforma petrolera con que van por el petróleo argentino.
British Petroleum (BP) fue fundada por el Estado imperialista inglés para garantizar el abastecimiento de petróleo a su flota militar. BP tiene el 60% de las acciones de Pan American (la segunda petrolera argentina y primera en exportaciones). Bridas (de los testaferros rusos Bulgheroni) tiene el 40% restante. Ahora los Bulgheroni vendieron el 50% de Bridas a la empresa estatal China National Offshore Oil.
Los Kirchner son petroleros. Tienen empresas propias (a través de testaferros como Lázaro Báez y otros) y asociaciones con Eskenazi en el 15% de las acciones de Repsol-YPF. Cristina K elogió el ejemplo de los proyectos de exploración en aguas argentinas, de Pan American, en áreas que le acaba de entregar el gobierno. ¿No sabe el gobierno que le está entregando esas áreas estratégicas cercanas a Malvinas a una empresa subordinada a la British, la misma que a través de sus tentáculos financieros y el Estado inglés inició el saqueo de nuestro petróleo marino?
Tantos años de conciliación y claudicación nacional ante los ingleses: protestas argentinas mientras los ingleses avanzan y se instalan política, militar y ahora económicamente. ¿La soberanía se agita en los discursos mientras se forcejea en las mesas de las petroleras por tajadas de nuestro petróleo en el Atlántico Sur?
Fuente: JCR
PERU: LOS NUEVOS DUEÑOS DE LA TIERRA EN EL PERÚ
Por Iván Oré Chávez.
Abogado colegiado y consultor legal en casos de defensa de la propiedad, litigios de tierras, conflictos laborales y deudas financieras.
Correo: ivanorech@hotmail.com
Blog: http://ivanorech.blogspot.com/
Teléfono: 986206566
El día 22 de abril del año 2009 se presentó ante la segunda legislatura parlamentaria ordinaria del año 2008 el proyecto de ley número 03194/2008-CR a iniciativa del partido oficialista de turno, el Partido Aprista Peruano, el cual propone establecer límites de extensión de la propiedad agraria en las zonas agrícolas de la costa; encontrándose ahora en la Comisión Agraria del Congreso de la República, la cual esta compuesta por trece miembros titulares cuyo presidente Miguel Luis Guevara Trelles es aprista así como tres congresistas más de la Comisión, en la que existen tres congresistas nacionalistas que se han caracterizado por su oposición al gobierno aprista, los demás se integran en bloques parlamentarios que surgieron de la disgregación continua de las facciones partidarias que ingresaron a la inicio del periodo congresal actual, lo cual implicará una variedad de negociaciones que decidirán el futuro de la propuesta.
Dicha iniciativa consta de dos artículos el primero de los cuales, el cual nos interesa, estipula lo siguiente: 1er párrafo establézcase como limite máximo del derecho de propiedad agrario la extensión de cuarenta mil hectáreas de tierra agrícola en las zonas agrarias ubicadas en los valles de la costa, cualquiera sea el área de cultivo. 2do párrafo este limite a la propiedad agraria incluye a la propiedad directa o indirecta o a la propiedad de grupos económicos o vinculados tal como los define la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. 3er párrafo toda transferencia de propiedad que contravenga la presente ley es nula de pleno derecho.
¿Cual es el sustento constitucional del citado proyecto? Según la exposición de motivos del mismo lo es el artículo 88º de la Constitución Política del Perú el cual establece que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites o extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. Los suscriptores de la iniciativa son los siguientes congresistas: Cenzano Sierralta Alfredo Tomás, representante aprista por el departamento de Puno, es quien da oficialmente origen al proyecto, Macedo Sánchez José, representante aprista por el departamento de Ucayali, Huerta Díaz Aníbal Ovidio, representante aprista por el departamento de Huánuco, Del Castillo Gálvez Jorge Alfonso Alejandro y Zumaeta Flores César Alejandro, representantes apristas por el departamento de Lima, Guevara Gómez Hilda Elizabeth, representante aprista por el departamento de Moquegua, Robles López Daniel representante aprista por el departamento de La Libertad, quizá el representativamente más importante, toda vez que los tres primeros no representan a departamentos costeños a quien afectaría la propuesta en caso de prosperar, mientras Del Castillo y Zumaeta representan a un departamento cuyo peso electoral urbano es evidente, y la congresista Guevara a un departamento cuya costa no implica un gran impacto económico en el sector agrario el cual esta siendo absorbido por una nueva clase de terrateniente: las corporaciones de los concesionarios mineros. El congresista Robles es un especialista en el sector salud, más no en asuntos agrarios, efectivamente es Médico Cirujano, Presidente de la Comisión de Salud, Población, Familia y Personas con Discapacidad en los períodos 2002-2003 y 2007-2008, con Maestría en Gobernabilidad en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, la cantera de cuadros de la subfaccion alanista del aprismo. Por estos hechos podemos inferir que el presente proyecto tiene un origen oscuro pues no se puede determinar a su autor directo, su redactor inmediato. ¿A que intereses responde? ¿Cuál es el real objetivo de esta iniciativa? Intentaremos responder a estas preguntas a continuación.
La facción oficialista elabora una interpretación constitucional para proponer su desarrollo normativo en base a esta iniciativa, dicha interpretación expuesta en la pagina 4 del proyecto consiste en entender que dicho precepto constitucional habilitó al legislador para establecer límites máximos para la extensión de la tierra con la finalidad de garantizar la difusión de la pequeña y mediana propiedad, así como para evitar una excesiva concentración agraria como en la etapa anterior a la reforma agraria.
Para sustentar fácticamente su propuesta se remite a la información obtenida en la web del Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica (CIDEIBER) el cual en el capítulo destinado al Perú en la sección Actividades del sector primario, sub sección Sector agrícola vegetal donde se establece que:
“…dispone de 4,9 millones de hectáreas aptas para cultivos intensivos y 2,7 millones de hectáreas disponibles para cultivos permanentes; sin embargo, en la actualidad sólo se cultivan 3,7 millones, distribuidas entre las tres zonas geográficas del país de la siguiente forma: en la zona costera, 806.000 hectáreas; en la zona de la sierra, 2.280.000 hectáreas; y por último, en las zonas selváticas del interior, 605.000 hectáreas.” http://www.cideiber.com/infopaises/reparte1.asp?p=8
Por lo tanto entendemos que al ser la superficie actualmente cultivable en la costa la correspondiente a 806 mil hectáreas y pretender el proyecto colocar como límite máximo de extensión unas 40 mil hectáreas, el máximo número de terratenientes costeños sólo podría llegar bajo condiciones actuales a 20 propietarios y por lo tanto un número aproximado de clanes oligárquicos que se dividan el nuevamente codiciado poder sobre la tierra, pues como sabemos y hemos demostrado en anteriores trabajos el poder económico en el Perú es oligárquico familiar camuflado bajo una moderna fachada de corporativismo empresarial; es tribal, premoderno, clánico, rentista y seudo burgués, es el menos indicado para llevar al país a la modernidad de una democracia liberal donde impere el libre mercado, constituyéndose más bien en uno de sus principales obstáculos.
Pero si queremos ir más lejos el artículo segundo del proyecto establece un mandato: la zonificación agraria por parte del Ministerio de Agricultura en aplicación del anterior artículo a los noventa días de su publicación como ley. Esta disposición nos da más exactitud en nuestros aproximados, la misma dirección web de Cideiber citado por los proponentes menciona las hectáreas de tierra cultivadas en varios departamentos de la costa en los que el departamento de La Libertad, el que cuenta con los terrenos costeros cultivable de mayor extensión en el país, con costa sierra y selva incluida, tendría 119400 hectáreas de tierra sembrada, lo cual implica si se extiende ínfimamente la frontera agrícola en esta área unos 3 terratenientes como máximo. ¿Qué parte de La Libertad se incluirá en la categoría de tierra costeña? ¿Se creará una ficción técnica al respecto?
Del libro “LA OLIGARQUIA TERRATENIENTE AYER Y HOY” investigación auspiciada por el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima, año de 1979, podemos obtener los datos más aproximados para entender la concentración de la tierra justo antes de iniciarse el proceso de reforma agraria en base a las fichas publicadas en el mismo donde se consigan los datos necesarios para proceder a la expropiación. Primero debemos entender que 40 mil hectáreas equivalente a la distancia desde el hito kilómetro 0 Carretera Panamericana que se haya en el Puente Santa Anita hasta el peaje Villa que se haya en el Distrito de Villa el Salvador donde nace la Avenida Huaylas o altura de la playa Venecia, si toma ese tramo en una línea recta imaginaria tendrá el cuadrado del máximo de superficie que este proyecto pretende permitir. Además en el Perú la costa se extiende hasta los 300 o 400 metros sobre el nivel del mar, y la Yunga hasta los 2500 aproximadamente por lo que hasta esta última región extenderemos la investigación. Prosigamos.
En el Departamento de Piura antes de la reforma tiene registrado:
1) La Sociedad Agrícola San José de Paccha en el distrito de Chulucanas provincia de Morropón con 1 275 hectáreas con Jorge Checa Velarde (Socio Club Nacional en 1948) y Diómedes Arias Schereiber del Busto (su hijo ingresa al CLUB NACIONAL en 1976).
2) Negociación Agrícola Victoria en Marcavelica provincia de Sullana con 23 981 hectáreas, sus socios eran Enrique y Víctor Checa Eguiguren, primos del anterior.
3) Agrícola Santa Sofía en Paita, Tamarindo, con una extensión de 1000 hectáreas, sus socios los hermanos Calixto, Dionisio y Manuel Romero Seminario (ingresan al Club Nacional el 1976, 1972 y 1972 respectivamente)
4) Negociación Agrícola Mallares con 71332 ha. Sullana, Marcavelica con la misma familia Romero a la cabeza.
5) Hacienda Buenos Aires, con 24 mil hectáreas Morropón, Chulucanas controlada por la familia Rospigliosi Seminario.
6) Compañía Irrigadora de Piura Ltda. SA con 2434 hectáreas en Piura, Catacaos controlada por Federico Hilbck Seminario (socio del Club Nacional en 1945)
7) Negociación Agrícola C. Romero y Co. SA con 30 mil hectáreas aprox. En la prov. de Piura distritos de Catacaos y Tambogrande controlado también por los Romero.
8) Negociación Agrícola y Ganadera Pabur SA con 12700 hectáreas en Morropón, Chulucanas controlado por los Hilbck y los Seminario (el hijo de uno sus miembros, un Seminario García ingresa al Club en 1944).
9) Agrícola Malingas en Piura Tambogrande con 50 mil hectáreas, su socio fue Carlos Rodríguez Pastor Mendoza.
10) Soc. Arg. Ganadera Miguel Checa SA con 18 mil hectáreas aprox. en las provincias de Sullana y Paita controlados por los Checa Eguiguren.
Por lo que vemos esta ley poco o nada hubiera afectados a estos clanes gamonales en Piura toda vez que existían varias ramas de la misma familia Seminario repartiéndose la tierra y si el lector se da cuenta pareciera una distribución en base a una cantidad de tierras que ronda entre las 40 mil hectáreas.
Del departamento de Lambayeque tenemos los siguientes datos.
1) Sociedad Agrícola Pomalca con aprox. 33 mil hectáreas en Chiclayo, Ferreñafe y Chota controlado por la familia De La Piedra con Julio de la Piedra del Castillo (socio del CLUB NACIONAL en 1948), Juan de la Piedra Yzaga (socio del CLUB NACIONAL en 1968) Ricardo de la Piedra Klinge (Socio del CLUB NACIONAL en 1944)
2) Negociación Batán Grande con 30 hectáreas controlado por la familia Aurich Bonilla, el hijo de Eduardo Aurich B., Juan Aurich Montero, ingresa al CLUB NACIONAL en 1972.
3) Viuda de la Piedra e Hijos SA con 118 hectáreas aprox. controlado por los mismos De La Piedra.
4) Negociación Agrícola Sasape Ltda. SA con 13750 hectáreas en Lambayeque, Morropón, controlado por la familia del ex presidente Leguía.
5) Negociación Tumán con 17 mil hectáreas aprox. en Chiclayo, Picsi; controlado por la familia del ex presidente Pardo, con sus miembros Felipe Pardo Althaus (socio CLUB NACIONAL en 1927), su hermano Juan (socio CLUB NACIONAL en 1930), así como Enrique y José Pardo Heeren (socios en 1936 y 1933 respectivamente), Juan Pardo Aramburú (socio en 1959).
6) Aspíllaga Anderson Hermanos SA con 36 mil hectáreas aprox. en Chiclayo, Zaña, controlado por los Aspíllaga, sus socios y también del Club Nacional son los hermanos Antero (1927), Carlos (1927), Gustavo (1930) y Rafael (1930) Aspíllaga Anderson, así como Carlos y Ramón Ferreyros Aspíllaga (1959 y 1963).
7) Negociación Agrícola Pucalá con 30 mil hectáreas aprox. en la provincia de Chiclayo dominado por varias ramas de la familia Yzaga, entre ellas los Castañeda, los Rachitoff, Cepeda y Vargas, su jefe de clan Armando Castañeda Rachitoff es socio del Club en 1948.
En La Libertad existía antes de la reforma agraria la siguiente situación:
1) Empresa Agrícola Chicama, cuya parte costera seria aprox. de 150 mil hectáreas en la provincia actual de Ascope donde tenemos empresas extranjeras pero también a Matías Gildemeister Rubl (1933) y a Aurelio García Sayán (1927).
2) Larco Herrera Hermanos en Liquidación SC con aprox. 10 mil hectáreas en el actual Ascope, distritos de Chicama y Magdalena de Cao controlado por los hermanos Constante y Rafael Larco Hoyle, el sobrino carnal de éstos, Guillermo Larco Cox, ingresa al Club Nacional en 1973.
3) Negociación Talambo Ltda. SA con aprox. 5 mil hectáreas en Pacasmayo, Chepén, uno de sus socios Carlos Palacios Moreyra, tío carnal de la líder de opinión de la Prensa Libre se vuelve socio del Club Nacional en 1944.
4) Chiquitoy SA con aprox. 15 mil hectáreas en Trujillo, Santiago de Cao estaba compartido entre una firma extranjera y los Yturregui descendiente del Presidente Orbegoso.
5) Empresa Andina San Leonardo SA con 60 mil hectáreas aproximadamente en la sierra del país, controlado personalmente por los Gildemeister.
6) Negociación Chiclín y Anexos SA con aprox. 10 mil hectáreas en Trujillo, Chicama controlado por los Larco.
7) Negociación Agrícola Sintuco SA con aprox. 2 mil hectáreas en Trujillo, Chocope, controlado por la familia Orbegoso uno de cuyos miembros Jaime de Orbegoso, probablemente cabeza de clan, ingresa al Club Nacional en 1932.
8) Cartavio SA con aprox. 10 mil hectáreas pertenecía a firmas extranjeras teniendo como socios minoritarios a los peruanos Carlos García Castañeda y Eleodoro Romero Romaña, su hermano Eulogio ingresa al Club Nacional en 1937.
9) Negociación Azucarera Laredo Ltda. SA con aprox. 20 mil hectáreas en el mismo Trujillo controlado por los Gildemeister.
10) Negociación Agrícola Jequetepeque Ltda SA con aprox. 5 mil hectáreas en Pacasmayo, Guadalupe controlado por los Gildemeister.
En Ancash, Arequipa, Ica y Lima las propiedades de tierras agrícolas no sobrepasan las 40 mil hectáreas; por lo que no sería efectiva esta propuesta, si es que la frontera agrícola no se hubiera expandido estrepitosamente desde la reforma. Actualmente según el Atlas Regional del Peru publicado por la Universidad Ricardo Palma, La Libertad cuenta con 400 mil hectáreas de tierras agrícolas cuyo 51% son tierras de riego es decir serían copados por cinco propietarios como máximo. Se pueden incorporar bajo riego tecnificado en Lambayeque unas 100 hectáreas, es decir 3 propietarios se beneficiarían de todos los proyectos de irrigación de la zona. Existen en Piura aprox. 250 mil hectáreas de tierras agrícolas en decir espacio para 6 oligarcas propietarios.
Ahora ubiquémonos en los datos encontrados en el Vademécum Bursátil de la Bolsa de Valores de Lima del año 2008 en la cual tenemos las siguientes empresas agrícolas que representan a los “neo terratenientes”:
1) Negociación Agrícola Vista Alegre SA de Lambayeque, Chiclayo uno de sus directores Alfredo Ricardo Ferrand Budge ingresa al Club Nacional en 1971.
2) Empresa Azucarera “El Ingenio” SA de Huaura en Lima controlado por la familia Wong, no pertenecientes a la casta oligárquica dominante.
3) Empresa Agroindustrial Laredo SAA uno de sus directores Luis Julio Velarde Aspillaga miembro del Club Nacional en 1971.
4) Empresa Agroindustrial Cayalti SAA de Lambayeque Chiclayo cuyas acciones se hallan una cuarta parte en manos del Estado repartido las tres cuartas partes restantes entre más de 4 mil accionistas, actualmente en la mira de grupos aventureros de la casta oligárquica peruana y/o algunos advenedizos.
5) Empresa Agroindustrial Casa Grande SAA de Ascope, La Libertad, con un 57 % a manos de los Rodríguez Rodríguez advenedizos en los grupos dominantes del país, mientras el restantes esta repartido entre aprox. 6 mil accionistas.
6) Empresa Agrícola Sintuco SA de La Libertad, prov. Ascope, distr. Chocope también controlado por los Rodríguez Rodríguez.
7) Empresa Agrícola Barraza SA de La Libertad, Trujillo, Laredo, cuyo director también es el miembro de la casta oligárquica Alfredo Ricardo Ferrand Budge de Vista Alegre.
8) Complejo Agroindustrial Cartavio SAA en Ascope donde figura uno de los Rodríguez Rodríguez como director, mientras el 10% es de 1477 accionistas.
9) Agroindustrias San Jacinto SAA con dirección en Lima donde figuran como directores Jose Martin y Francisco Javier Picasso Candamo cuyo hermano Manuel Guillermo ingresa al Club Nacional en 1979.
10) Agroindustrial Paramonga SAA en Lima, Barranca, controlado por la familia Wong donde se han apropiado del 96% de acciones relegando a 723 accionistas al 4% restante.
Estas entidades están asociadas en gran parte en la APPAB – Asociación Peruana de Productores de Azúcar y Biocombustibles fundada en 1999 teniendo a Lambayeque y la Libertad como principales centros de producción, por lo que podemos apreciar dos grupos de interés representado cada uno por dos o más familias:
1) Los advenedizos representados por los clanes Wong y Rodríguez Rodríguez
2) Los de la casta oligárquica representada por los Ferrand Budge, los Picasso Candamo y los Velarde Aspíllaga.
Ahora bien, si nos fijamos en las ventas netas del 2008 en nuevos soles es decir los ingresos operacionales de cada empresa terrateniente nos daremos cuenta de las siguientes ganancias:
Barraza Ferrand 3millones
Sintuco Rodríguez R. 10 millones
Casa Grande Rodríguez R. 214 millones
Laredo Velarde A. 178 millones
El Ingenio Wong 7 millones
Paramonga Wong 158 millones
San Jacinto Picasso 81 millones
Los Picasso controlan el 77% de San Jacinto debido a su control de: 1) su empresa CORPORACION AGRO INDUSTRIAL PROGRESO S.A dedicada a actividades auxiliares de intermediación financiera que funciona en CAL. HUASCAR NRO. 2195 LIMA – LIMA – JESUS MARIA (domicilio fiscal del Presidente del Directorio de San Jacinto, Carlos Alberto Andrade Villar) cuyo Gerente General es FRANCISCO JAVIER PICASSO CANDAMO; 2) Copasa Trading SAC, que tiene el 16% de dicha Agroindustria, 3) además del otro 5% esta controlado por Laboratorios Trifarma SA cuyo apoderado JUAN GUALBERTO GABRIEL APESTEGUI CASTRO postuló para regidor a la metrópoli de Lima por el Partido Restauración Nacional en el año 2006. Tanto Carlos Alberto Andrade Villar como Juan Calisaya Medina, Presidente y Gerente General respectivamente de San Jacinto, serian empleados del clan Picasso. El restante 23% de acciones estarían repartidos entre 1121 accionistas.
El propio Julio Velarde Aspíllaga posee 6% de acciones de Laredo, siendo el oligarca que trabaja en colaboración con el consorcio MANUELITA que tiene más de las ¾ partes de las acciones. Su socio extranjero a través de INVERSIONES MANUELITA S.A. con 15% de sus acciones. Estando repartido otro 15% entre 537 accionistas.
Alfredo Ricardo Ferrand Budge miembro de la casta oligárquica del Club Nacional y afiliado en el PARTIDO APRISTA PERUANO es director de Barraza SA junto con la familia Mantilla y otro aprista llamado Julio César Moran Otiniano. Es de notar que los Mantilla tienen el 53% de las acciones de Barraza SA.
Los Wong controlan el 96% de Paramonga a través de una Sociedad irregular llamada Río Pativilca SA ubicada AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 6251 LIMA – LIMA – MIRAFLORES donde aparecen EDUARDO JAVIER PEDRO WONG LU VEGA como GERENTE GENERAL, ERASMO JESUS ROLANDO WONG LU VEGA como VICEPRESIDENTE y JAIME DAVID WONG KONG como DIRECTOR. Asimismo controlan el 47% del Ingenio por medio del CONSORCIO ALCOHOLERO DEL NORTE S.A.
Los Rodríguez Rodríguez controlan el 57% de Casa Grande por medio CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA – COAZUCAR DEL PERU S.A. encontrándose el restante 43% en manos de 5905 accionistas. También controlan por medio COAZUCAR de 45% de SINTUCO donde ambos los hermanos Vito y Jorge son Presidente y Vicepresidente de dicha empresa. Este nuevo clan también controla el 66% de CARTAVIO donde comparten directorio con FRANCISCO JULIO GALLOSO PALACIOS y LUIS BENJAMIN GAYOSO GERVASI afiliados al PARTIDO APRISTA PERUANO
También es de notar la existencia de otros nuevos potentados con aspiraciones de ascenso social, económico y político, lo cual vemos en el caso de la Empresa agraria Azucarera Andahuasi SAA cuyo socio mayoritario con 31% de acciones es Industrial Andahuasi el que tiene por Presidente de Directorio a un nuevo rico EDUARDO JESUS NUÑEZ CAMARA (también director de dicha azucarera) quien aparece inscrito en la ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL en agosto de 2006 y además en ese año candidateó por ésta alianza a la Presidencia Regional de Lima Provincias; otro director es PEDRO LUIS VILLANUEVA LA ROSA afiliado en el PARTIDO APRISTA PERUANO. Es de notar que el 53% de esta empresa esta repartido entre 2280 accionistas.
En conclusión podemos inferir los siguientes puntos:
1) Si el Estado social significó que el Estado sería el árbitro entre el capital y el trabajo, el proyecto alanista consiste en concebir al Estado como el árbitro entre los distintos intereses del capital mercantilista aliado con las facciones políticas de turno, sin tomar en cuenta al pequeño y mediano capital.
2) No se pretende fomentar la pequeña y mediana propiedad sino la gran propiedad de la tierra, la vuelta al latifundio pero bajo bases “racionales” que favorezcan a los neo terratenientes.
3) El presente proyecto de ley esta pensado para proteger al capital de los neo terratenientes de la voracidad de sus pares y del capital transnacional. Es una forma de evitar los enfrentamientos entre los mismos sectores de la emergente plutocracia de la tierra.
Como conclusión final el proyecto alanista no favorece a la pequeña y mediana propiedad como nos lo quiso exponer el mandatario en su libro “El Futuro Diferente” y su pupilo de la Escuela de Gobernabilidad en el presente proyecto de Ley sino más bien es parte del proyecto neo oligárquico de país, esta hecha para regular a los poderosos poniendo a un lado o en situaciones de peones a la gran mayoría de la población, como parte del nuevo proyecto alanista de su inviable visión del Perú
Medicamentos: el gran negocio
"El gran negocio transnacional de los medicamentos" es un análisis de Pedro Rivera Ramos sobre el poder y lucro de la industria farmacológica.
La producción de medicamentos constituye uno de los componentes más importantes, más sólidos y más poderosos, conque cuentan en la actualidad las gigantescas corporaciones transnacionales, que luego de la reestructuración que hiciesen de su producción de plaguicidas, se autocalificará n como “industrias de las ciencias de la vida”, al pasar a
controlar virtualmente todas las actividades esenciales para los seres humanos en todo nuestro planeta.
Así, Syngenta, Monsanto, Bayer y otras, poseen una concentración de intereses y un poder casi absoluto de áreas tan vitales, además del lucrativo mercado farmacéutico, que comprende a las semillas agrícolas, los productos veterinarios, los plaguicidas, la biotecnología y el
transporte y distribución de alimentos. Esto explica en gran medida, muchas de las particularidades que hoy rodean y definen a una industria farmacéutica, mucho más identificada con conceptos como rentabilidad económica, acumulación de capital y beneficios, que en curar y salvar vidas humanas.
En un mundo donde un niño menor de diez años muere cada cinco segundos por hambre; más de 60 millones de mujeres dan a luz sin asistencia médica; 2,400 millones de personas carecen del acceso a servicios sanitarios básicos; una tercera parte del planeta, según la OMS, no tienen acceso a los medicamentos esenciales y más de 10 millones de niños mueren
anualmente por enfermedades para las que existen tratamientos; la poderosa industria farmacéutica, concentrada en un puñado de empresas de países altamente desarrollados y que monopolizan más del 85% del valor de la producción mundial de fármacos, en buena parte protegidos por un sistema de patentes totalmente injusto, arbitrario y fuera de control, genera utilidades superiores a los 446 mil millones de dólares anuales.
Su poder es tal magnitud que imponen sus precios, discriminan en sus ventas, aplastan las producciones locales, sobornan políticos, médicos y autoridades de salud pública, en un negocio donde prevalece cada vez menos la ética y la salud y sí la codicia y el mercantilismo más rampante. De ese modo, lo que realmente le interesa a la gran industria farmacéutica,
no es la producción de medicamentos para curar, sino, como bien afirmara el premio Nóbel de medicina de 1993, Richard J. Roberts, en entrevista en mayo del 2008 a la revista Autogestión, que el verdadero interés de éstas empresas por los fármacos es “sólo para cronificar dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo
y de una vez para siempre”. Más concretamente: clientes, pacientes y usuarios; pero nunca, ni lo suficientemente muertos ni lo suficientemente sanos.
Esta pronunciada y cínica orientación del negocio farmacéutico transnacional, se descubre en toda su amplitud cuando advertimos que la venta de drogas para mejoramiento estético, reducir peso corporal, dominar el stress o superar la impotencia, es decir, para gente esencialmente sana, representa una de sus principales preocupaciones investigativas y es
la que les genera sus mayores ingresos.
Esto demuestra que la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, cuyo más alto volumen de producción y consumo se realiza en los países altamente industrializados, además de estar adaptada a sus condiciones socioeconómicas con niveles de prevención, higiene y alimentación diferentes a los que tienen los habitantes de los países del llamado
Tercer Mundo, está dirigida hacia los sectores de la población mundial que disfrutan de ingresos sustanciales o cuentan con dolencias o padecimientos altamente lucrativos.
Por ello no resulta exagerado conocer, que casi el 90% del presupuesto que estas poderosas industrias destinan a la investigación y desarrollo de nuevas drogas, persigue el interés de atender los problemas de salud de sólo el 10% de la población mundial. A esto se añade que otro elemento que exhibe el verdadero móvil del multimillonario negocio farmacéutico, lo
encontramos en el impresionante gasto que realizan en sus renglones de comercializació n y publicidad.
Sólo en el área de comercializació n admiten sin mucha reserva, que invierten más de tres veces lo que gastan en investigación y desarrollo y que el monto de su publicidad para los países capitalistas desarrollados, ronda el 30% del valor total de sus ventas. Precisamente en el campo de la publicidad emplean “todas las tácticas conocidas en el mundo capitalista:
folletería de lujo, publicidad por saturación, muestra gratis, viajes, obsequios, conferencias, control de publicaciones y, lo más importante, visitas reiteradas de vendedores especializados (“representantes” o“visitadores” médicos)”¹
La salud, que junto a la educación y a la alimentación, constituyen derechos básicos de cualquier ser humano con total independencia de su nivel de ingreso, aparece, para felicidad y complacencia de la industria farmacéutica transnacional, considerada como una mercancía más en los tratados de libre comercio y en la OMC. Allí se discuten e imponen normativas sobre propiedad intelectual y acceso a los medicamentos, que tienen un efecto dramático y devastador sobre la salud de millones de personas en el mundo y, principalmente sobre pacientes de países pobres con SIDA, Alzheimer, afecciones cardíacas, hipertensión y otras.
Las patentes sobre medicamentos, basados muchos de ellos en compuestos bioquímicos y conocimientos tradicionales recogidos o robados en las regiones tropicales y subtropicales, niegan toda la teoría económica liberal fundada en el libre comercio, al sustentarse irónicamente en el proteccionismo y los derechos monopólicos. Este privilegio que limita
sensiblemente la competencia entre las empresas, ejerce una fuerte restricción sobre la fabricación y distribución de fármacos genéricos que son producidos por países como India, Brasil y Tailandia y que pueden costar hasta un 50 por ciento menos que los medicamentos patentados.
Los genéricos no solamente han demostrado ser más baratos y muy exitosos como equivalentes terapéuticos de los productos de marca, –la experiencia brasileña en el tratamiento del SIDA así lo confirma– sino que representan un ahorro considerable de divisas para los países pobres. Esto explica las razones que llevaron a los 146 países miembros de la OMC a fines de agosto del 2003, a poner en práctica parcialmente el punto # 17 de la Declaración ministerial de Doha, que recalca que el Acuerdo relativo a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, “se interprete y aplique de manera que apoye la salud pública, promoviendo tanto el acceso a los medicamentos existentes como la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos”. Con dos años de retraso y luego de ocho meses de bloqueo por Estados Unidos, el acuerdo alcanzado permite que los países pobres, puedan tener acceso a fármacos de bajo precio para luchar contra las enfermedades únicamente infecciosas. Pero esta decisión, que distó mucho de poner en peligro a las principales
patentes farmacéuticas y sus jugosos beneficios, no fue bien recibida por las poderosas empresas que hay detrás. Nada tardaron en la Unión Europea para manipular la normativa aduanera y bajo el supuesto de sospechas de falsificaciones médicas protegidas por propiedad intelectual, obstaculizar hasta por seis meses en aeropuertos de Holanda y Alemania principalmente, el comercio de fármacos genéricos legítimos. De todos modos, incautar o retener remesas médicas legales por presiones de empresas farmacéuticas
multimillonarias, es un acto no sólo criminal, sino absolutamente inmoral, y pone de manifiesto la estrecha colusión existente entre estos Estados y sus omnipotentes industrias farmacológicas.
Precisamente es este vínculo el que sirve para explicarnos las exageradas exigencias que aparecen en los capítulos de propiedad intelectual de los TLC y que en la mayoría de las ocasiones, rebasan todo lo previsto hasta ahora en las normativas y discusiones en la OMC. En esas tratativas y aprovechándose de la debilidad de los países con los que negocian,
terminan por imponerles períodos superiores a los 20 años de vigencia para sus patentes; protección para sus datos de prueba de 5 a 10 años; descartar hasta el uso de la salvaguardia más importante que permite la OMC: las licencias obligatorias.
Naturalmente que nadie puede objetar la lucha necesaria contra las falsificaciones o adulteraciones de productos farmacéuticos y todos los países deben adoptar las medidas que consideren indispensables. Con esto se frenaría ampliamente un negocio que logra falsificar el 10% de los medicamentos disponibles en el mercado mundial, generando más de 40 mil
millones de dólares al año. Actividad que no sólo representa la distribución y consumo de fármacos ineficaces, sino que además, puede causar víctimas fatales como las casi doscientas personas que en el 2006, fueron envenenadas con dietileneglycol en Panamá o el tráfico de efedrina y medicamentos adulterados descubierto en Argentina en agosto del 2008 y
que terminó con un triple homicidio.
No obstante, también es preciso exigir responsabilidades a los laboratorios farmacéuticos transnacionales, cuando prefieren escoger las ganancias y el lucro, en lugar de salvaguardar la salud y la vida de los seres humanos. No es necesario explicar mucho esto para saber de lo que hablamos. Allí están los ejemplos con el antiinflamatorio Vioxx (rofexocib) de la empresa Merck, misma que según Peter Gillespie, tenía en Estados Unidos a principios del 2007, “2,300 millones de dólares por conceptos de impuestos no pagados por transferir sus patentes de
medicamentos a una compañía fantasma en Bermuda y luego deducir de sus impuestos las regalías que se pagó a sí misma”.²
Del mismo modo, encontramos el antibiótico Baytril de los laboratorios Bayer, que hace algunos años atrás fue prohibido parcialmente por la FDA (Agencia de Drogas y Alimentos de Estados Unidos), ya que pese a estar recomendado para uso veterinario, se descubrió que “afectaba sensiblemente la acción de algunos productos con destino similar en los humanos”.
También de la Bayer, empresa responsable de varios tóxicos agrícolas, hubo que retirar el Lipobay (Cerivastatina) , recomendado para combatir el colesterol, cuando se demostró ser el causante de miles de muertes por infartos. Pfizer, otro poderoso laboratorio farmacéutico, tuvo problemas similares en el 2004 con dos de sus medicamentos estrellas: Celebrex y
Bextra (valdecoxib) . Estas pocas muestras del comportamiento de la industria farmacéutica,
ponen de manifiesto que la lógica mercantil que impera en sus actividades, carece por completo de ética. En ella es muy común la demora en reconocer los efectos secundarios de sus productos y retirarlos del mercado, aún a costa de la vida de las personas; abultar sus costos de investigación y desarrollo para justificar el precio de sus sustancias patentadas; lanzar versiones modificadas de productos existentes, sin que representen ningún adelanto químico significativo; y aprovecharse con mucha efectividad del considerable apoyo económico que les brindan generosamente los Estados altamente desarrollados. En resumen, las
transnacionales de los medicamentos están más ligadas a los intereses de Wall Street, que son a su vez los del avasallador mercado, que a las necesidades más apremiantes de toda la Humanidad.
Notas:
1) Sanjaya Lall. Los efectos de la tecnología avanzada en los países en desarrollo: el caso de la industria farmacéutica. Revista Comercio Exterior de México. Noviembre de 1976.
2) Peter Gillespie. El negocio offshore. Servicio de Noticias de la Red del Tercer Mundo. 30 de julio de 2007. (Fuente: Argenpress)
http://www.nodo50. org/ciencia_ popular/
PERSPECTIVA 