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Mujica: parábola del guerrillero que llega a ser presidente
Mujica Cordano, alias “el Pepe”, nació en Montevideo el 20 de mayo de 1935. Tiene 74 años y sucederá a Tabaré Vázquez desde el 1º de marzo de 2010 por un período de cinco años.
Agricultor de profesión, en su juventud militó en el Partido Nacional y se le atribuye haber mantenido amistad con el Enrique Erro (ministro de Industria y Trabajo blanco en 1959) así como afinidad con el histórico dirigente nacionalista Benito Nardone, con al que algunos lo han asemejado.
En los 70 se integró al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (NLN-T). Como miembro de esa organización participó en operativos guerrilleros hasta que, requerido por la Policía pasó a la clandestinidad. Durante su acción guerrillera, Mujica participó en asaltos, secuestros y en la Toma de Pando en 1969, entre otros operativos guerrilleros.
Nunca reconoció públicamente haber asesinado. En los enfrentamientos armados de los que participó fue herido de seis balazos. Fue apresado en cuatro oportunidades y en dos ocasiones se fugó de la ex cárcel de Punta Carretas. Pasó casi 15 años de su vida en prisión hasta que en 1985 fue amnistiado por ley junto a otros guerrilleros.
Tras la restauración democrática en 1985 creó junto a otros dirigentes tupamaros el Movimiento de Participación Popular (MPP, el cual se integró al FA en 1989). En 1994 logró su primera conquista por la vía democrática al ser electo diputado por Montevideo. Un lustro después, en 1999, accedió a una banca en el Senado.
En las elecciones de ese año el Espacio 609 que contribuyó a crear se convirtió en el de mayor peso dentro del FA al cosechar más de 300.000 votos. Fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca hasta marzo de 2008.
El 25 de junio pasado los frenteamplistas lo convirtieron en el candidato presidencial oficial de la coalición de izquierda al doblegar por amplio margen a Danilo Astori y a Marcos Carámbula
boicot de maoistas a las elecciones
PERFIL-Mujica, de la guerrilla a la presidencia de Uruguay
domingo 29 de noviembre de 2009
Por Patricia Avila
MONTEVIDEO (Reuters) – José Mujica combatió con una guerrilla izquierdista a un Gobierno democrático, pasó años de cárcel bajo tortura, se transformó luego en uno de los políticos más populares de Uruguay y el domingo su vida dio un nuevo giro al alcanzar la presidencia del país.
Mujica, de 74 años, derrotó en las urnas al candidato del opositor Partido Nacional, el ex mandatario centroderechista Luis Alberto Lacalle.
Desde el 1 de marzo del 2010, el ex guerrillero, criticado por su aspecto desaliñado y exabruptos al hablar, será el encargado de liderar un segundo Gobierno de la coalicion de izquierda Frente Amplio.
Mujica, quien pasó más de una década encarcelado por sus actividades guerrilleras, una gran parte de ese período en condiciones infrahumanas, suavizó su discurso en tiempos recientes, intentando ahuyentar temores por su anterior pasado radical.
‘Lo primero que haré será agradecer a un pueblo que sabe navegar por encima de los estereotipos’, había dicho Mujica el sábado al ser consultado sobre su posible victoria.
Ligado al trabajo rural desde muy temprana edad, el ex ministro de Ganadería y senador reiteró una y otra vez que mantendrá la línea establecida por el actual mandatario socialista Tabaré Vázquez.
Como compañero de fórmula, en otro intento por reflejar la idea de continuidad, Mujica llevó a Danilo Astori, un ex ministro de Finanzas elogiado por su conducción económica que le permitió a Uruguay evitar caer en recesión durante la actual crisis mundial.
La guerrilla urbana a la que se unió Mujica, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, protagonizó choques con la policía y el Ejército, secuestros y asesinatos hacia fines de la década de 1960 y principios de los 70.
Mujica cuenta que en un enfrentamiento recibió seis balazos, pero en una entrevista afirmó que nunca mató a nadie.
Las fuerzas de seguridad acabaron con el grupo armado antes del golpe de Estado de 1973, cuando comenzó una cruda represión contra simpatizantes de izquierda que dejó unos 200 desaparecidos.
Pese a ser una de las figuras de la ex guerrilla y de la actual coalición de izquierda Frente Amplio, inició su vida política en un ala renovadora del centroderechista Partido Nacional, su actual rival.
CONFIANZA Y AUSTERIDAD
Según analistas, ese estilo directo y campechano para hablar tanto con autoridades como con la gente lo llevó a ser el senador más votado en las elecciones del 2004, una década después de haber ingresado al Congreso como diputado.
‘Su gran fortaleza está en ese estilo que le permite lograr una comunicación muy directa, muy franca, muy llana con el hombre común’, opinó el politólogo Gerardo Caetano, del Instituto de Ciencia Política.
Mujica y su esposa, la senadora y ex compañera de guerrilla Lucía Topolansky, viven en una chacra y donan parte de su sueldo a un fondo para pequeños emprendimientos familiares.
El político dijo que, del salario que reciba como mandatario, sólo utilizará aproximadamente un 15 por ciento para cubrir necesidades de un familiar enfermo y el resto lo donará.
Además afirmó que pretende residir en su chacra de las afueras de Montevideo en vez de mudarse a la residencia presidencial.
‘Con lo que gana mi compañera que es senadora me alcanza y no preciso más. En la etapa de la vida que yo estoy, más cerca del cementerio que de lo otro, liviano de equipaje es lo mejor que hay en la vida. Estoy fenómeno de salud pero tengo 74 años’, expresó Mujica días atrás.»
De la rebelión a la presidencia: varios ex guerrilleros llegaron al poder
MONTEVIDEO, 29 Nov 2009 (AFP) –
El candidato presidencial uruguayo José Mujica, favorito para alzarse este domingo con la victoria en segunda vuelta, no es el único caso en que un ex jefe rebelde logra llegar al poder por medio de las urnas.
– DANIEL ORTEGA: Presidente de Nicaragua, ex guerrillero marxista, lideró en 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuya revolución puso fin a la dictadura de Somoza. Durante su gobierno enfrentó a los «contras» apoyados por Estados Unidos. Dejó el poder tras las primeras elecciones democráticas de 1990 y luego de varios intentos fue elegido presidente en 2006.
– YASSER ARAFAT: Símbolo de la lucha palestina contra Israel, que por 40 años intentó liberar los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. Fundó la organización Fatah y llegó a la cabeza de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en 1969. Tras un cuarto de siglo en la clandestinidad y el exilio, fue elegido presidente democrático de la Autoridad Nacional Palestina en 1996 dos años después de su regreso. Murió en 2004.
– XANANA GUSMAO: Primer ministro de Timor Oriental, figura de la resistencia contra la ocupación por parte de Indonesia (1975-1999). Pasó 25 años de su vida en la guerrilla o en prisión. Un mes antes de la independencia de Timor Oriental en mayo de 2002 venció en las primeras elecciones presidenciales, antes de convertirse en jefe de gobierno como primer ministro en 2007.
– PUSHPA KAMAL DAHAL: Líder rebelde de los maoístas de Nepal, que tras 10 años de guerra civil dejaron las armas y ganaron las elecciones de 2008 y abolieron una monarquía de 240 años. Kamal Dahal, nombrado primer ministro, dimitió en 2009, dejando al país en crisis política.
– HASHIM THACI: Apareció en la escena política en 1998 al frente del UCK, la guerrilla independentista albanesa que combatía contra las fuerzas serbias en la provincia de Kosovo. Fue elegido primer ministro de Kosovo en enero de 2008. Un mes más tarde las autoridades de Pristina proclamaron su independencia.
– ROBERT MUGABE: Presidente de Zimbabue, en el poder desde hace 30 años, es un ex jefe de la lucha armada contra la dominación blanca de la entonces Rhodesia. Su partido, la Unión Nacional Africana de Zimbabue (Zanu), ganó las elecciones de 1980 que pusieron fin al régimen de Ian Smith. Fue nombrado primer ministro poco después de la independencia y en 1987 se convirtió en el primer presidente dotado de poderes ejecutivos.
– SAM NUJOMA: Jefe histórico del SWAPO (Organización del Pueblo del Suroeste Africano) que inició a partir de 1966 la lucha armada en Namibia contra el poder sudafricano. Sam Nujoma fue elegido presidente tras la independencia de 1990. Dejó el poder en 2005.
– CHARLES TAYLOR: «Señor de la guerra» en Liberia durante el conflicto civil iniciado en 1989, uno de los más atroces que haya conocido el continente africano. En 1997, tras un acuerdo de paz, los liberianos lo eligieron presidente, aunque fue expulsado en 2003. Actualmente es juzgado por un tribunal internacional, acusado de apoyar a los rebeldes de Sierra Leona.
Varios otros jefes de Estado africanos tomaron el poder por la fuerza, por medio de golpes de Estado o rebeliones, antes de organizar elecciones presidenciales, particularmente Idriss Deby en Chad, Yoweri Museveni en Uganda, Jerry Rawlings en Ghana y el primer ministro Meles Zenawi, que gobierna Etiopía.
Raúl Wiener: Dos elecciones
Dos elecciones
Es por lo menos curioso que América Latina tenga dispuestas para el mismo día dos elecciones totalmente opuestas en sus significados. En el sur, los uruguayos elegirán a un ex guerrillero, reinsertado en el sistema electoral, que en ese país ha dejado de estar monopolizado por los dos partidos de la oligarquía, que no admitían competencia y que empujaron a los jóvenes tupamaros de finales de los 60 y comienzos de los 70, a la rebelión, en la que murieron muchos de ellos y otros sufrieron dura carcelería durante largos años, hasta recuperar su libertad, entre ellos el candidato superfavorito de hoy día José Mujica.
Mal que les pese a la caverna peruana, es en una elección totalmente libre, con electores educados y sirviéndose del sistema de dos vueltas que permite la coalición de los viejos partidos contra el candidato peligro que amenaza desalojarlos (como ocurrió en el Perú en el 2006), que se vislumbra un resultado apabullante para la vieja derecha de ese país. En Bolivia también se viene una victoria en primera vuelta del presidente Morales, con una derecha dividida y desorientada que aplicó la violencia y el desacato para torcer la voluntad popular y ahora retrocede en todos los frentes.
Es por ello que las esperanzas de la reacción latinoamericana están puestas en un pequeño país de Centroamérica donde hace cinco meses los militares sacaron en pijamas al presidente y lo enviaron al exilio, despejando el camino para que unas horas después el Congreso y el Poder Judicial intentaran “legalizar” el golpe, arguyendo supuestas violaciones constitucionales que justificarían la acción de fuerza. Un país plataforma de los intereses de EEUU para intervenir sobre sus vecinos es, por ahora, una prueba de laboratorio, para encontrar la fórmula exacta para detener la tendencia a la izquierdización del continente.
El golpe “legal”, seguido de elecciones bajo control de los golpistas y con los golpeados perseguidos, es el diseño que se ha ido perfilando en la crisis hondureña, luego que fracasara el proyecto de golpe simple en Venezuela en el 2002, y el de secesión y violencia que se le aplicó a Bolivia. En Honduras se ha creado la teoría de que lo más inconstitucional es intentar sustituir la constitución, aún por el procedimiento que la originó, es decir la Asamblea Constituyente. Consultar al país para saber si está de acuerdo en seguir ese camino, es un pecado mortal que autoriza violar el principio de todas las constituciones democráticas que es la prohibición del golpe de Estado.
Las elecciones en Honduras, con estado de sitio, soldados en las calles, represión contra los movimientos sociales, censura de prensa, control de los órganos electorales, exclusión de los sectores políticos opuestos al golpe, etc., han tenido que ser aceptadas por Washington, con acompañamiento de Perú, Panamá y Costa Rica, como un recurso de la “democracia”, luego que Micheletti resistiera todas las presiones y se burlara de todas las negociaciones, hacia una relativa reinstitucionalización. El éxito de estas “elecciones” será la victoria de la extrema derecha que ha empezado a ganar terreno en la era Obama.»
Caso de traición a la patria debe ser juzgado en la justicia ordinaria
Caso de traición a la patria debe ser juzgado en la justicia ordinaria
Autor(a): David Lovatón Palacios
Perú
19-11-2009
Condenamos enérgicamente el grave delito de traición a la patria que el suboficial Víctor Ariza Mendoza y otros miembros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) habrían perpetrado en contra del Perú y a favor de Chile. Estos hechos deben ser investigados y sancionados con severidad por el sistema de justicia peruano y, de parte de Chile, esperamos una investigación y una explicación de lo sucedido. Somos países hermanos entre los cuales hechos como éstos son inaceptables.
Al respecto, si bien la justicia ordinaria ya inició las investigaciones fiscales y judiciales correspondientes, se ha abierto el debate sobre si debe ser la justicia ordinaria o la justicia militar la que debe investigar y sancionar este caso de traición a la patria. Muchos han opinado que la justicia militar debe ser la competente para ver este caso porque se trata de suboficiales en situación de actividad que habrían perpetrado estos hechos en el ejercicio de sus funciones castrenses, y que los fiscales y jueces militares gozan de los conocimientos especializados para investigar mejor este tipo de casos y que la justicia militar sería más rápida.
Nosotros discrepamos de estas opiniones y consideramos que la justicia ordinaria debe seguir conociendo y juzgando este caso de espionaje y traición a la patria por las siguientes razones:
1. En primer lugar, hay que señalar que el bien jurídico vulnerado en un caso de traición a la patria es la “defensa nacional”, que se ve en serio riesgo cuando un nacional –civil o militar- proporciona información a un gobierno extranjero poniendo en peligro, precisamente, la defensa y seguridad del país frente a otros. La “defensa nacional” es así un bien jurídico ordinario y no castrense, tal y como se desprende del segundo párrafo del artículo 163º de la Constitución: “La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley.” (Subrayado nuestro). Por ello, la definición del delito es traición “a la patria” y no sólo traición “a las fuerzas armadas”.
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que “… el bien jurídico “defensa nacional”, el Tribunal Constitucional ha sostenido que “de acuerdo con el mencionado artículo 163º de la Constitución, la Defensa Nacional es integral y permanente; por tanto, involucra al conjunto de acciones y previsiones que permiten la subsistencia y permanencia del Estado, incluyendo su integridad, unidad y facultad de actuar con autonomía en lo interno, y libre de subordinación en lo externo, posibilitando que el proceso de desarrollo se realice en las mejores condiciones… Es “integral” porque abarca diversos campos, como el económico, político, social, cultural, militar, etc.; y “permanente”, debido a que se trata de una actividad constante que se relaciona con sus sentidos preventivo y represivo” (Exp. 0012-2006-AI/TC) En ese marco general, el TC consideró que en un contexto de conflicto armado internacional, algunos aspectos de la “defensa nacional” sí podían ser considerados bienes jurídicos castrenses.
2. En segundo lugar, también hay que señalar que el delito de traición a la patria está tipificado tanto en el Código penal común como en el Código de Justicia militar y policial (Decreto Legislativo 961). En efecto, por un lado el Título XV del Código Penal sobre los “Delitos contra el Estado y la defensa nacional” contiene el capítulo I referido a los “Atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria”, siendo una de las modalidades de la traición a la patria el delito de “espionaje” tipificado en el artículo 331º de dicho cuerpo legal: “El que espía para comunicar o comunica o hace accesibles a un Estado extranjero o al público, hechos, disposiciones u objetos mantenidos en secreto por interesar a la defensa nacional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años.”
Por su parte, el Título I del Código de justicia militar y policial sobre “Delitos contra la defensa nacional”, contiene el Capítulo I referido al delito de “Traición a la patria”, cuyo artículo 66.3.c) establece que: “Será sancionado… el militar o policía, que durante conflicto armado internacional cometa alguna de las acciones siguientes:… Colaborar estratégicamente, favoreciendo al enemigo o intentando favorecerlo, perjudicando la defensa nacional en los siguientes casos:… Proporcionando al enemigo, potencia extranjera u organismo internacional, cualquier información, procedimiento, asunto, acto, documento, dato u objeto cuya reunión o explotación sirva para tal fin.” Acto seguido, el artículo 67º del referido Código de justicia militar y policial establece que “… en los casos que no exista guerra exterior, ni conflicto armado internacional, serán sancionados con pena privativa de libertad no menor de veinte años, con la accesoria de inhabilitación.” En sentencia recaída en el Expediente 0012-2006-AI/TC el Tribunal Constitucional sentenció que estos dos artículos eran constitucionales ante la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Lima.
En consecuencia, frente al delito de traición a la patria el ordenamiento jurídico peruano vigente contempla anómalamente una doble tipificación tanto por el Código penal común como por el Código de justicia militar y policial y, por ende, abre la posibilidad que el fuero común o el fuero militar planteen una contienda de competencia para que el Tribunal Constitucional (TC) determine cuál es de ellos va a ser el fuero competente en el presente caso. Tradicionalmente era la Corte Suprema la que dirimía competencia entre la justicia ordinaria y la castrense, pero la actual Ley de organización y funciones de la justicia militar y policial (Ley 29182) polémicamente le transfirió esa función al TC.
3. En tercer lugar, dicho lo anterior y tomando en cuenta la jurisprudencia del TC en esta materia, nosotros consideramos que en este caso el Poder Judicial no debe inhibirse de seguir conociendo sino que, de ser el caso, el TC debería dirimir competencia a favor de la justicia ordinaria y no de la justicia militar, bajo el argumento principal que ya ha esgrimido el máximo intérprete de la Constitución en casos anteriores: que la actual organización y funciones de la justicia militar y policial establecida por la Ley Nº 29182 no ofrece la garantía de juez “independiente e imparcial” porque los fiscales, jueces y vocales militares –a excepción del actual Presidente del Tribunal supremo de justicia militar y policial- siguen siendo oficiales en situación de actividad que forman parte de una estructura jerárquica y subordinada como la castrense, lo que resulta incompatible con la independencia e imparcialidad que debe ostentar todo fiscal y juez.
No sólo lo decimos nosotros, también lo ha señalado la Defensoría del Pueblo en varios informes defensoriales, el Colegio de Abogados de Lima (que ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra la actual Ley Nº 29182 y que actualmente está en trámite), la Corte interamericana de derechos humanos en el caso Palamara contra Chile, la Comisión interamericana de derechos humanos ha analizado esta situación en dos audiencias públicas y el propio Tribunal Constitucional, no sólo respecto a la legislación anterior sobre la organización y funciones de la justicia militar y policial, sino también respecto a la actual Ley Nº 29182.
En efecto, en el caso “Condori Condori” (Exp. 01605-2006-PHC/TC) el Tribunal Constitucional ya ha inaplicado la Ley Nº 29182 al reiterar que sigue vulnerando la garantía de juez “independiente e imparcial” porque insiste en disponer que los fiscales, jueces y vocales militares sean oficiales en situación de actividad:
“7… la Ley N.º 29182 de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial [que deroga la aludida Ley N.º 28665, que a su vez derogó el Decreto Ley N.º 23201], nueva ley que, sin embargo, ii) no sólo vulnera la autoridad de cosa juzgada establecida en el artículo 139º inciso 2) de la Constitución, en lo que se refiere a las sentencias del Tribunal Constitucional, constituyendo un abierto desacato a tales pronunciamientos, sino que supone, iii) además, una situación de rebeldía legislativa, dado que el Congreso incumple su deber constitucional de legislar sobre una materia respecto de la cual este Colegiado ya se ha pronunciado, haciendo caso omiso a lo antes decidido, situación que sin lugar a dudas iv) pone en riesgo los derechos fundamentales judiciales de aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que puedan ser sometidos a la jurisdicción militar… 8. Por ello, teniendo en cuenta lo antes expuesto… el Tribunal Constitucional estima que debe inaplicarse la Ley N.º 29182, que es la ley que actualmente regula la composición de los órganos jurisdiccionales militares policiales, pues en el análisis del caso concreto se produce una situación que es lesiva de un derecho fundamental –iniciada con el derogado Decreto Ley N.º 23201, continuada por las Leyes N.ºs 28665 y 28934 y actualmente por la mencionada Ley N.º 29182–, que en esencia es el derecho a un juez independiente e imparcial. En efecto, no obstante lo establecido por el Tribunal Constitucional, la Ley N.º 29182 dispuso la continuación del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales penales militares que este Colegiado estimó como inconstitucionales…” (Subrayado nuestro)
Posteriormente en febrero de este año 2009, el Tribunal Constitucional volvió a pronunciarse sobre este mismo tema, esta vez reiterando la inconstitucionalidad de los fiscales militares policiales que no formen parte del Ministerio Público, en el caso “Rojas García” (Exp. 05567-2007-PHC/TC):
“6. En ese sentido se advierte que no es posible que exista otro órgano con las mismas atribuciones y potestades conferidas al Ministerio Público, dado que es la propia Constitución quien le atribuye dichas competencias de manera exclusiva. De allí que la presencia de fiscales militares dentro de un proceso penal realizado en el Fuero militar (en el caso de que dichos funcionarios hayan sido seleccionados y nombrados sin intervención alguna del Ministerio Público) conlleve que el mismo se torne en irregular, lo que supone también que se vulneren los derechos fundamentales de los justiciables.” (Subrayado nuestro)
4. En consecuencia, de ventilarse el presente y grave caso de espionaje ante la justicia militar policial, este proceso no contaría con la garantía de juez o tribunal “independiente e imparcial” que el propio Tribunal Constitucional ha exigido a este fuero privativo desde el año 2004 hasta la fecha. Eso explica por qué desde un inicio tanto las autoridades civiles como militares pusieron este caso a disposición del Ministerio Público y del Poder Judicial sin reparo alguno y que inclusive, la Cancillería peruana haya anunciado que ha pedido a la Fiscal de la Nación copia del expediente respectivo para ser entregado a las autoridades chilenas para que, posteriormente, nos den las explicaciones que corresponden.
5. Esta exigencia de la garantía de juez o tribunal “independiente e imparcial” a la justicia militar policial no es una exquisitez jurídica sino que tiene consecuencias prácticas fundamentales. Todos los peruanos y peruanas queremos y necesitamos saber hasta dónde ramifica sus tentáculos esta supuesta “red de espionaje” de la que el propio Gobierno peruano ha hablado y de la que al parecer algunos jefes militares de la FAP ya tenían conocimiento desde hace algunos años según información periodística.
¿Sólo involucra a suboficiales de la FAP o también a altos oficiales FAP? ¿Sólo involucra a miembros de la FAP o de otras instituciones militares, gubernamentales o de fuerzas armadas de Chile como ya se ha señalado también? ¿Un oficial en actividad de la FAP que ahora cumple funciones de fiscal, juez o vocal militar, otorga las garantías de independencia e imparcialidad para, eventualmente, investigar y sancionar a sus compañeros de armas o hasta a sus superiores? Creemos que no y, por ende, en este caso el país merece que las autoridades fiscales y judiciales civiles peruanas otorguen la máxima garantía de independencia e imparcialidad de que se llegará al fondo del asunto caiga quien caiga en Perú o en Chile.
6. Sobre la supuesta mayor celeridad procesal que ofrece la justicia militar en comparación con la justicia común, ello puede resolverse si es que la Fiscal de la Nación y el Presidente del Poder Judicial designan a fiscales y jueces ad hoc respectivamente, dedicados a exclusividad a investigar y juzgar este caso. La Sala especial que juzgó al ex Presidente Alberto Fujimori es una clara muestra que cuando el Poder Judicial se lo propone, puede impartir justicia con firmeza y en plazos razonables.»
ELECCION DE GARCIA SAYAN PARA CORTE INTERAMERICANA DE DDHH
«DIEGO GARCIA-SAYAN (PERU) ELEGIDO PRESIDENTE DE LA CORTE
La Corte Interamericana de Derechos Humanos eligió por unanimidad como
Presidente al Juez peruano Diego García-Sayán y como Vicepresidente al Juez
argentino Leonardo A. Franco para un período de dos años que se inicia el 1 de
enero del 2010. La elección se llevó durante el LXXXV Período Ordinario de Sesiones
de la Corte que está concluyendo esta semana en San José, Costa Rica.
El Doctor García-Sayán es el primer peruano elegido como Presidente de la
Corte Interamericana. Es Juez desde el 2004 y Vicepresidente desde el 2008. Jurista
de prestigio internacional, ha desempeñado importantes responsabilidades en su país
y en organizaciones internacionales. Ha sido Ministro de Relaciones Exteriores así
como Ministro de Justicia del Perú. Asimismo, ha sido Jefe de la Misión de
Observación Electoral de la OEA en Guatemala (2007) y representó al Secretario
General de la ONU en la verificación de los acuerdos de paz en El Salvador (1992-
1995). Ha sido Presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias de la ONU. El Juez García-Sayán es también profesor universitario y
autor de diversas publicaciones sobre derecho internacional, derechos humanos y
desarrollo.
El Doctor Franco es Juez de la Corte desde el 2007. Es profesor titular de
derechos humanos de la Universidad de Lanús en Argentina. Fue Subsecretario de
Política Latinoamericana del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y antes
de ello Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en el Sudán. Se ha
desempeñado como Director de la División de la Protección Internacional así como
Representante Regional de ACNUR. También fue Director de la Misión de las
Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala
(MINUGUA) en 1994-96 y, previamente, Director del comité organizador de la
Conferencia Internacional para los Refugiados Centroamericanos (CIREFCA). El Juez
Franco ha publicado diversos libros y artículos relacionados con los derechos
humanos y derecho de los refugiados.
*
* *
(*)
El contenido de este comunicado es responsabilidad de la Secretaría de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. El texto oficial de los documentos reseñados puede
obtenerse mediante solicitud escrita dirigida a la Secretaría, en la dirección que se adjunta.
2
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma
de la Organización de los Estados Americanos cuyo objetivo es la aplicación e
interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros
tratados concernientes al mismo asunto y fue establecida en 1979. Está formada por
juristas de la más alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de
derechos humanos elegidos a título personal.
La Corte Interamericana de Derechos es uno de los tres tribunales internacionales –
junto con la Corte Europea y la Corte Africana – que funcionan en el mundo para
conocer casos de violaciones de derechos humanos. Sus sentencias son vinculantes.
Para mayor información dirigirse a:
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000, San José, Costa Rica.
Teléfono (506) 2234-0581 Telefax (506) 2234-0584
Sitio web: http://www.corteidh.or.cr
Correo electrónico: corteidh@corteidh.or.cr
San José, 25 de noviembre de 2009.»
El campo de batalla suramericano
El campo de batalla suramericano
ENRIQUE LACOLLA
(prestigioso periodista cordobés)
Otra vez Iberoamérica se enfrenta al ser o no ser de su destino.
En el mundo globalizado todo tiene que ver con todo. Y el principal motor de esa dinámica es el mundo desarrollado, en extremo agresivo. Lo grave para nosotros es que los dirigentes de América latina, o más bien los exponentes de los gobiernos de centro izquierda que surgieron de la resistencia al modelo neoliberal del Consenso de Washington, no terminan de decidirse a ir a las cosas y suelen disimular con palabras bienintencionadas una falta de operatividad en el plano de las iniciativas concretas que hacen falta para salir al encuentro de las amenazas que pesan sobre la región.
Desde el hundimiento del comunismo los acontecimientos han acelerado su curso. La fragilidad económica de la única superpotencia que existe en el globo, Estados Unidos, no le ha impedido lanzarse a la conquista de su proyecto hegemónico. Más bien al contrario, parecería que esa fragilidad y los límites que está encontrando ese proyecto ante el surgimiento de resistencias encarnizadas en áreas estratégicas fundamentales como son el Medio Oriente y el Asia Central, apuntan a exacerbarlo y a generar una fuga hacia delante. América latina y Suramérica en particular, a las que el desastre de las políticas neoliberales habían impulsado a buscar vías alternativas a la dependencia a través de su integración regional, encontraron en un primer momento una cierta latitud de márgenes para armar una incipiente organización unitaria. Estados Unidos estaba obsesionado con otras zonas y el desastre promovido por el neoliberalismo le achicaban aquí el espacio sociopolítico para la reedición del experimento que Naomi Klein denominó “la doctrina del shock”. Se abrió entonces un interludio durante el cual se fortificó el Mercosur, surgió la Unasur y los presidentes iberoamericanos comenzaron a tomar carta en los problemas regionales que los afectaban directamente. Las reuniones de Mar del Plata, de Bariloche, de Santo Domingo, dinamitaron el proyecto de sujeción supuesto por el Alca y frenaron la escalada bélica entre Colombia y Ecuador, así como el separatismo del Oriente boliviano, que habría introducido un catastrófico elemento de secesión en el techo de América. Pero estas iniciativas, con ser importantísimas, no dejan de ser expedientes provisorios que no anulan los factores de riesgo. La disponibilidad de poderes que tiene el imperialismo le consiente volver una y otra vez sobre los núcleos para él problemáticos con la intención de proseguir socavando el proyecto unitario latinoamericano con recursos que van desde las acciones de inteligencia destinadas a interferir en los asuntos internos de nuestros países, fomentando cuantas opciones separatistas que puedan debilitarlos, a la práctica del liso y llano golpe de Estado, del cual fue ejemplo el alzamiento contra Chávez en 2002. Los gobiernos de centroizquierda a los que hemos mencionado y que abarcan un arco de modalidades políticas bastante variado, desde la temperamental de Chávez a las más moderadas de Lula, Cristina Fernández y Bachelet, pasando por Correa, Daniel Ortega y Evo Morales, no terminan, sin embargo, de encontrar una política ponderada y enérgica a la vez, que sirva para acomodarse a las exigencias del nuevo tiempo y a la ya evidente decisión norteamericana de poner un freno a las veleidades autonómicas de los países de lo que Washington entiende es su patio trasero.
La existencia de élites ajenas al anhelo unificador e independentista que hay en América latina y que conservan todo su poder económico y su peso mediático, más la presencia de una importante masa de clase media alienada de la realidad gracias al discurso del sistema, representan obstáculos muy importantes para el logro de la aspiración regional a la complementariedad y la integración. Lo que ha sucedido en los últimos tiempos en la región debe leerse en este marco. La reactivación de la IV Flota norteamericana, el golpe de Estado en Honduras, la sumisión del pretendido reformador y progresista Barack Obama a los dictámenes del complejo militar-industrial que maneja la política estadounidense, la erección de siete bases norteamericanas en Colombia, para las que el Congreso ha autorizado ya los fondos respectivos, y quizá hasta algunos extraños fenómenos (1) que se han producido últimamente en el país cuyo gobierno se apunta como el líder natural de la región, Brasil, están dando a entender que el gobierno estadounidense ha declarado una suerte de guerra de facto al proyecto latinoamericano de erigirse en una suerte de bloque regional.
Esto implica la puesta en práctica, dirigidos esta vez sin tapujos contra Suramérica, de los mecanismos que vienen definiendo la política estadounidense para el resto del mundo a partir de 1991. En este esquema, el debilitamiento de los competidores potenciales de la hegemonía norteamericana es un dato fundamental y se activa a partir de dos principios básicos. Uno es la agresión física directa contra factores que pueden obstaculizar el acceso a los recursos estratégicos –casos de Irak o Afganistán- y otro es el cerco de los principales adversarios y la división o el fomento de los particularismos étnicos o confesionales latentes en sus sociedades. La explosión de la ex Yugoslavia, la atracción de los países del ex bloque del Este al cuadro de la Unión Europea e incluso de la Otan, que empuja a Rusia hacia los Urales y al mismo tiempo diluye la composición nuclear de la UE como factor independiente ahogando a Francia y a Alemania en un puzzle asociativo donde tomar decisiones comunes se torna más difícil; el fomento de los nacionalismos de campanario en el Cáucaso y el Tíbet, son muestra de que Washington entiende a adherir al viejo principio del memorándum Crowe que en enero de 1907 determinó la planificación de la política exterior británica de cara al siglo XX: “la estructura y no el motivo es lo que determina la estabilidad”–es decir, el mantenimiento del estatus quo que favorece a la o las potencias dominantes. (2)
Esto significa que, aun en el caso de que el rival potencial no tenga disposiciones agresivas, su poderío creciente debe ser neutralizado para impedir que ese aumento se constituya, objetivamente, en un pendant, en un contrapeso para la influencia de la potencia que se quiere hegemónica. En este sentido China es el principal enemigo, seguida por Rusia, porque ambas compondrían el bloque euroasiático que más poderosamente podría gravitar en el mundo y contrabalancear o incluso desbancar el poderío de Estados Unidos y de los otros países que conforman la tríada dominante en el presente. Es decir, el Japón y la Unión Europea. Se trata de una descarnada lucha por el poder, que no tiene mucho que ver con las ideologías.
Objetivo: América latina
¿Y qué tiene que ver América latina con todo esto?, se preguntará el lector. Pues tiene que ver, y mucho, pues ingresa en la categoría de reservorio de recursos estratégicos esenciales para el mantenimiento de la hegemonía norteña durante el presente siglo y porque su constitución en Nación unitaria la erigiría en un factor que podría mover sus piezas de acuerdo a un criterio independiente en un mundo donde las tensiones seguirán aumentando.
A partir del golpe en Honduras y del beneplácito del gobierno colombiano presidido por Álvaro Uribe en el sentido de conceder siete bases estadounidenses en su territorio (la cháchara en torno de que se trata de bases colombianas en donde “se admitirá a las fuerzas” norteamericanas para combatir el narcoterrorismo es un flaco pretexto); de la reactivación de la IV Flota estadounidense en disposición de operar en el Caribe y el Atlántico sur de acuerdo a las directivas del Southcom, y del putsch en Honduras, a partir de estos datos, decimos, se hace evidente que los tiempos se están acortando y que Estados Unidos está listo para volver al “monroísmo”. Es decir, a la práctica de la Doctrina Monroe que en 1823 sentenció que América debía ser para los “americanos”. O sea para los “usamericanos”, toda vez que la potencia norteña se apropió del patronímico inspirado en el nombre del navegante y cartógrafo italiano al servicio de España, Américo Vespucio, con el cual se bautizara a las tierras descubiertas por Cristóbal Colón.
La resistencia contra el reforzamiento de esta tendencia, de parte de los gobiernos iberoamericanos no acaba de superar el estadio declarativo. Brasil, es cierto, se permitió una interesante jugada al permitir o más bien propiciar que su embajada en Tegucigalpa alojase al presidente Zelaya a su vuelta a Honduras, pero el gobierno norteamericano, a pesar de su aparente repudio al golpe de Estado en ese país, permaneció impertérrito y hoy el mandatario depuesto ve pasar los días desde una ventana de la representació n diplomática, sin que la situación se mueva un ápice.
Si Washington desea, como desea efectivamente, desarticular lo que a sus ojos son las veleidades autonomistas de América latina, debe lidiar en primer término no sólo contra quienes hoy más con mayor estridencia la proclaman, sino contra quienes detentan los recursos y disponen de una potencia centrípeta capaz de nuclear, a la corta o a la larga, a los países del área.
El más obvio de los objetivos para comenzar la ofensiva es Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez Frías encarna una combinación de factores sociales cuya coalición siempre ha inquietado sobremanera a Washington: un jefe carismático y populista apoyado en las masas y sustentado por un ejército donde prepondera un ala nacionalista. Pero más allá está Brasil, una incógnita para propios y extraños, pero que podría ser “ayudado” a plegarse al diktat estadounidense a través de políticas que conjuguen la oferta del “bastón y la zanahoria”. Es decir, del halago y el castigo, simultáneamente.
Las vías para una agresión contra la revolución bolivariana hace rato que están trazadas y la aparición de las bases norteamericanas en Colombia les dan el sustento práctico que necesitan. De acuerdo a una reciente nota de Heinz Dieterich, las opciones instrumentales que se ofrecen para tornarlas operativas son varias y aplicables de acuerdo a la gradación que pueda imprimirse al conflicto, a saber:
1) El incremento de la oposición interna al gobierno a través de los canales mediáticos y aprovechando el fuerte rechazo que inspira Chávez a más o menos un 40 por ciento de la población, en busca de una derrota electoral del partido bolivariano en las elecciones del año que viene y del 2012. Esta vía es la menos cruenta, pero podría ser incentivada por medio de:
2) El fomento de bandas paramilitares que comprometan al ejército venezolano en acciones de guerrilla en la frontera con Colombia, donde esos grupos encontrarían protección del ejército colombiano a su vez cubierto por el paraguas de la aviación y los efectivos norteamericanos aposentados en ese país. El desgaste y la humillación que suscitaría este escenario reforzaría a los elementos que dentro de las fuerzas armadas venezolanas no confían en Chávez y podrían tentarlos a derrocar al mandatario y terminar con la experiencia bolivariana.
3) Si eso no sucede, un choque abierto con los colombianos sostenidos por la panoplia norteamericana suscitaría a su vez la aparición de un tercer escenario, el de una guerra convencional y abierta con Colombia, de proyección de veras catastrófica, prácticamente imposible de ganar dada la presencia norteamericana y que significaría la liquidación del proceso chavista y un escarmiento para el resto de América latina. Más allá de las secuelas insurgentes y contrainsurgentes que un episodio de esas características arrastraría consigo.
Por otra parte, un documento oficial de la fuerza aérea norteamericana reproducido en forma parcial por el licenciado Carlos Pereyra Mele en su trabajo “Construyendo un enemigo a medida”, expresa que la base de Palanquero (en Colombia) “garantiza la oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda América del Sur. El documento expresa asimismo que “Estableciendo una Localidad de Cooperación en Seguridad (CSL) en Palanquero…, su desarrollo nos dará una oportunidad única para las operaciones de espectro completo en una sub-región crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y la estabilidad están bajo amenaza constante de las insurgencias terroristas financiadas por el narcotráfico, los gobiernos anti-estadounidense s, la pobreza endémica y los frecuentes desastres naturales”. La base de Palanquero, por otra parte, “también incrementará nuestra capacidad para conducir operaciones de inteligencia, espionaje y reconocimiento… , mejorará las relaciones con socios… y aumentará nuestras capacidades para librar una guerra expedita”.
Todo un programa. Pero el objetivo último de esta compleja construcción no puede ser sólo Venezuela. Resulta obvio que apunta al conjunto del subcontinente y en primer término a Brasil que, en tanto miembro prominente del club de potencias mundiales emergentes e integrante del BRIC (Brasil, Rusia, India y China) podría ejercer un poder de imantación muy serio en el hemisferio sur, a poco que acuerde sus políticas con Argentina, el socio con más recursos potenciales, con una inserción geográfica poderosa y vocero natural de los países que hablan castellano frente a un Brasil que habla portugués, otra de las variables idiomáticas que dividen al foco cultural significado por la península ibérica. Principal referente esta, en definitiva, de una civilización indoeuropea que constituye uno de los fenómenos más originales y eventualmente más progresivos en un siglo de signado por la inevitabilidad del mestizaje a escala universal.
Brasil y Argentina, con la Amazonia y con las reservas hídricas y minerales que detentan, más su potencial tecnológico e intelectual que, aunque todavía coartado, es grande, son un objetivo primario del activismo preventivo que el imperialismo está en condiciones de poner en práctica para adecuarse a los principios del memorándum Crowe: se tratará de frenar la articulación de una estructura de poder que, aunque esté en buena disposición para entenderse con Estados Unidos, supone, objetivamente, la posibilidad de que se constituya en un alternativa capaz de escapar a las reglas de sumisión que se exigen desde arriba y apta para elaborar una estrategia autónoma, dirigida a dominar sus recursos y a hacerse un lugar en los asuntos mundiales por propia gravitación.
La presión norteamericana sobre Suramérica puede, pues, darse por descontada. Y estos países tienen mucho que andar para elaborar una política común, tanto en materia diplomática como de defensa, capaz de desalentar los intentos de ingerencia movilizados desde el Norte. La guerra relámpago lanzada por Estados Unidos en estos días a través del golpe en Honduras y de la radicación de las bases militares en Colombia no ha encontrado todavía una respuesta clara de parte de los gobiernos suramericanos involucrados en un curso diferente al propuesto por Estados Unidos. Ha habido declaraciones, sí, pero ninguna sintonía definida acerca de cómo enfrentar con expedientes prácticos el activismo norteamericano en la región.
Suponer que estos países podrán autovertebrarse sometiéndose a la doctrina Monroe recocinada, es una entelequia. Semejante posición sólo dejará espacio para un discurso genéricamente antiimperialista que apenas podrá disimular la sumisión. Por otra parte, imaginar que se puede ganar tiempo a fin de ir construyendo una correlación de fuerzas menos desequilibrada para enfrentar a Estados Unidos antes de encararlo con franqueza, es con probabilidad ilusorio. El Imperio no tiene tiempo que perder y sólo moderando sus apetitos y su voluntad de poder podría acomodarse a un tren de acción más ponderado y que mida de forma racional las relaciones con el Sur. Si esto fuera así sería maravilloso. Pero atendiendo a los datos de la historia es improbable que ello suceda.
Resta la opción aparentemente más difícil, pero que tal vez sea la más sana y realizable, si se quiere poner a estos países de veras de pie. Semejante opción pasa por la formación de un frente militar integrado por Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia, con activo apoyo argentino, para erigir un elemento capaz de frenar cualquier aventura en gran escala emprendida contra Venezuela o la Amazonia. (3) Sí, suena a política ficción. Pero semejante construcción supondría un factor disuasorio de marca mayor y encendería todas las alarmas en la opinión pública norteamericana (factor que no conviene descuidar) dados la inmediatez y los lazos que existen entre la parte norte y la parte sur del hemisferio.
Como es natural cualquier experimento integrador de este tipo, o incluso su insinuación, no podrá actuarse sin un trabajo en profundidad para acabar con las desigualdades sociales en nuestra porción del continente. Si dijimos más arriba que el ordenamiento mundial hacia el cual se está yendo es una descarnada lucha por el poder en la cual poco tienen que ver las ideologías, es evidente sin embargo que ninguna construcción asentada sobre una base real de poderío podrá erigirse sin la abolición de la configuración económica y cultural dependiente, promovida por una casta dominante que vive en simbiosis con el imperialismo y que ha determinado la ruta por la que han circulado estos países desde su nacimiento. No es posible que la exclusión social sea la pauta por la que se gobiernan los países en crecimiento. La profundizació n de la democracia, por lo tanto, la liberación de este concepto de las excrecencias declamatorias con las que se lo ha rodeado y una participación activa de las masas en la orientación del poder son condición sine qua non para el logro de un objetivo unificador.
Estas no son metas para mañana. Dado el paso cansino de nuestros países –roto de cuando en cuando por arrebatos de energía que concitaron represiones feroces- las elaboraciones teóricas respecto al tema de la lucha por la integración tendían a postergar su resolución para después de que se hubiesen acumulado las reservas de conciencia necesarias para comprender nuestra realidad y para lidiar con este tipo de proyecto. Pero los tiempos se han acelerado. El mundo va hacia un nuevo ordenamiento que estará presidido, al menos en una primera instancia, por el caos. Tomar conciencia de nuestra situación no puede separarse ya de laborar de manera concreta para modificarla. Los países de Iberoamérica se enfrentan a una batalla cultural, mediática, social y productiva que sea capaz de erigir las defensas intelectuales y también militares para que, detrás de ellas, pueda surgir esa “nueva y gloriosa Nación” que el himno postuló como inevitable para sentar la situación de Latinoamérica en el mundo.
1) No es bueno jugar con las teorías conspirativas de la historia, pero a veces la tentación es irresistible o, mejor dicho, inevitable. El reciente e inexplicable apagón que dejó a más de la mitad de Brasil a oscuras, ¿no pudo estar vinculado a un ataque cibernético? ¿Quién dispondría de los instrumentos idóneos para lanzarlo si no son los servicios de inteligencia de una superpotencia? ¿No habrá sido una manera extorsiva de advertir al gobierno brasileño acerca de la fragilidad de su infraestructura energética en vísperas de la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos previstos para el 2017?
2) Para una exposición más precisa de este tema es útil apelar a Henry Kissinger, quien lo describe con cierto detenimiento en su libro La diplomacia, edición 1996 del Fondo de Cultura Económica, páginas 187 a 189.
3) Desde luego, no se trataría de librar una guerra abierta (all out war) con Estados Unidos, sino de sembrar de obstáculos y problemas el camino hacia ese tipo de conflicto, que a no dudar levantaría múltiples resistencias en el mundo entero.»
Doce denunciados por libro de Guzmán
Investigación. Informe de la policía los acusa de apología del terrorismo. La Dirección Contra el Terrorismo considera que 12 personas que participaron en la reunión cometieron delito por alabar a Guzmán y sus crímenes.
Doris Aguirre.
Después de estudiar numerosos videos y grabaciones de la presentación del libro de Abimael Guzmán Reinoso, De puño y letra, el Departamento de Terrorismo Metropolitano de la Dirección contra Terrorismo (Dircote) concluyó que varios de los participantes en la reunión del 11 de setiembre pasado cometieron el delito de apología de terrorismo al ensalzar la figura de dos condenados a cadena perpetua (Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre Revoredo), y por justificar la lucha armada que causó la muerte de 60 mil personas.
El informe de la Dircote fue solicitado por la Primera Fiscalía Supraprovincial de Lima, a raíz de una denuncia formulada por el procurador para casos de terrorismo, Julio Galindo.
Según el reporte de la Dircote, durante la velada Alfredo Crespo Bragayrac, abogado de Abimael Guzmán, pronunció “mensajes que iban dirigidos a justificar la labor de los revolucionarios (delincuentes terroristas, muchos de los cuales purgan o purgaron cárcel) durante su ‘guerra popular’ (periodo durante el cual realizaron un conjunto de ilícitos penales considerados por nuestra legislación como terrorismo)”.
Amenaza encubierta
Con respecto a Manuel Fajardo Cravero, otro de los defensores de Guzmán que formaron parte de la mesa de honor de la presentación del libro, la Dircote refirió que “su alocución estuvo centrada a destacar los planteamientos del sentenciado por terrorismo Abimael Guzmán, sosteniendo que ‘se ha abierto un nuevo momento en la guerra popular’, evidentemente refiriéndose al término que sirvió de justificación para cometer actos de terrorismo”.
Consultado Crespo, respondió: “En ningún momento cometí apología del terrorismo, por el contrario, considero que se trata de una persecución contra el derecho a la libertad de expresión y opinión.
El informe de la Dircote también hace alusión a que, durante la ceremonia, Carmen Hualla Muriel leyó una carta de la sentenciada Elena Iparraguirre que contenía evidentes elogios hacia la figura de Guzmán como conductor de la lucha armada, y a quien llamó “presidente Gonzalo” y “jefe del partido y de la revolución”. Más aún, la policía considera que había una convocatoria encubierta a la continuación de la lucha armada.
“Las masas (guiadas por Sendero Luminoso) llegaron más allá de la mitad del camino y a nosotros nos cupo aportar a construir la obra, mas no culminarla, pero el Perú después de los ochenta es otro, el nuevo momento de la lucha popular lo demuestra. Abierto ante el pueblo está el futuro”, decía la carta de Iparraguirre.
“(Con este texto) lo que proyecta es que otros militantes tienen la tarea de lograr su objetivo para llegar a la toma del poder mediante la violencia armada y con acciones que fueron juzgadas y sentenciadas como delitos de terrorismo”, explica la Dircote.
Para los analistas de la policía antiterrorista, la presentación fue un desafiante acto público no solo para ensalzar la figura de Guzmán sino también para aleccionar a la continuidad de la lucha armada a los terroristas que han cumplido condena o nunca fueron arrestados. Pero para Alfredo Crespo, “es una manera de impedir que yo ejerza la legítima defensa de Guzmán, en especial respecto de sus derechos como persona condenada que sufre prisión”. El delito de apología del terrorismo se sanciona hasta con 20 años de prisión.
Con Guzmán y Elena Iparraguirre
Además de Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre –autor del libro y compiladora de los textos–, la
Dircote considera que cometieron apología del terrorismo Hugo Villanueva Azaña, el editor, y Alberto Mego Márquez, coordinador
de la producción.
También Alfredo Crespo Bragayrac, Manuel Fajardo Cravero, Ernesto Messa Delgado, Carlos Gamero Quispe, Carmen Hualla Muriel, Marcial Curahua Callañaupa y José Machaca Urbina. Además, Bertha Flores Zúñiga y Claudio Olórtegui Crispín, quienes contrataron el salón del Hotel Riviera.»
HONDURAS:Militares y policías allanan instalaciones de Red Comal
COMITÉ DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS EN HONDURAS (COFADEH)
COFADEH, Tegucigalpa, 28/11/09.- El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, denuncia ante la comunidad nacional e internacional, que las instalaciones de la Red Comal , con sede en Siguatepeque han sido ilegalmente allanadas por militares y policías que han procedido a registrar todo cuanto encuentran a su paso y han dañado algunas puertas de la organización.
El Cofadeh condena estas acciones represivas que apuntan al allanamiento de las organizaciones que condenan el golpe de Estado y sus consecuencias con la ruptura del orden constitucional.
De acuerdo a la versión del Comisario de Policía Lagos Sánchez, está llevando a cabo una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, por acciones del Ministerio Público que conllevan el objetivo de búsqueda de armas, afiches y otros documentos que llaman a no votar este domingo 29 de noviembre, la cual fue presentada 15 minutos después del ingreso de militares y policías a las instalaciones de la Red Comal.
Esta acción es parte de la estrategia de los golpistas de sembrar el miedo en la población y deslegitimar las acciones del pueblo hondureño y de las organizaciones sociales que hacen uso de su derecho a la defensa de la institucionalidad.
El COFADEH se ha desplazado con una delegación internacional de Derechos Humanos al sector para salvaguardar la integridad de los compañeros de Red Comal.
A la comunidad internacional llamamos a que hagan todas las acciones que estén a su alcance para contener esta barbarie.
DE LOS HECHOS Y LOS HECHORES
Ni Olvido, Ni perdón
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